En la última década, el comercio internacional y las cadenas globales de valor (CGV) han enfrentado una presión sin precedentes, derivada de eventos disruptivos como la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania, crecientes tensiones geopolíticas, políticas proteccionistas, y un entorno de creciente concentración de proveedores estratégicos. En este contexto, un informe publicado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), titulado “OECD Supply Chain Resilience Review: Navigating Risks”, propone una visión integral para comprender y gestionar los riesgos asociados a las cadenas de suministro globales, con base en evidencia empírica y modelos económicos avanzados.
Uno de los principales hallazgos del informe es que, si bien gran parte del comercio global sigue mostrando un grado de diversificación adecuado, se identifica una tendencia preocupante hacia la concentración de las importaciones en un número reducido de proveedores. En efecto, cerca del 30% de los productos exportados están sujetos a altos niveles de concentración comercial, y desde finales de los años noventa se ha registrado un incremento del 50% en los casos en que los países importan desde menos de la mitad de los proveedores potenciales a nivel mundial. Esta evolución no se distribuye de manera uniforme: los países no miembros de la OCDE presentan mayores niveles de concentración, siendo China el principal contribuyente a dicha dinámica, al pasar de representar un 5% de las concentraciones significativas en la década de los 90 a un 30% en la década actual.
Otro aspecto clave que se desprende del análisis es la paradoja inherente a las propuestas de relocalización o “reshoring”. Si bien estas políticas buscan fortalecer la autosuficiencia productiva y reducir la exposición externa, la evidencia presentada por la OCDE demuestra que su implementación generalizada podría reducir el comercio mundial en más del 18% y provocar una caída del PIB global superior al 5%, sin aportar mejoras sistemáticas en la resiliencia frente a disrupciones. Por el contrario, se resalta que la apertura y la diversificación geográfica, acompañadas de políticas adecuadas de facilitación comercial, infraestructura digital y cooperación público-privada, ofrecen mecanismos de ajuste más eficaces ante choques externos.
En ese sentido, el informe introduce el concepto de las cadenas de suministro “Triple-A” (Agilidad, Adaptabilidad y Alineación), como paradigma para una gestión moderna del riesgo. La agilidad se refiere a la capacidad de reaccionar ante cambios inesperados en la oferta o la demanda; la adaptabilidad permite ajustarse a transformaciones estructurales en el mediano y largo plazo; y la alineación fomenta la cooperación estratégica entre empresas, gobiernos y otros actores relevantes. Estas cualidades son especialmente pertinentes en un entorno donde la volatilidad es persistente y no episódica.
Asimismo, el documento resalta el papel creciente de la transformación digital y los compromisos ambientales como catalizadores del rediseño de las CGV. La digitalización, si bien introduce nuevos riesgos, como ciberataques o dependencia de proveedores tecnológicos concentrados, también permite mejorar la trazabilidad, visibilidad y capacidad de respuesta de las cadenas de suministro. En paralelo, las crecientes exigencias de sostenibilidad han impulsado una proliferación de normativas y estándares, que, si bien buscan garantizar prácticas responsables, pueden aumentar la complejidad regulatoria y los costos de cumplimiento, en especial para los Países en Desarrollo y las PYMES.
En cuanto a las recomendaciones de política pública, el informe plantea una serie de acciones concretas que los gobiernos pueden emprender para fortalecer entornos habilitantes. Entre estas se incluyen: (i) la promoción de políticas de facilitación del comercio y armonización regulatoria; (ii) la liberalización de servicios esenciales como logística, transporte y telecomunicaciones; (iii) la promoción de la interoperabilidad digital y la reducción de barreras al flujo transfronterizo de datos; y (iv) la creación de plataformas de cooperación multilateral y alianzas público-privadas que fomenten la preparación ante emergencias y la resiliencia estructural de los sistemas productivos.
En el caso particular de Costa Rica, los datos reflejan que el país presenta un perfil sólido como actor dentro de las cadenas globales de suministro, destacándose por su apertura digital, transparencia regulatoria y eficiencia aduanera. No obstante, la elevada concentración de importaciones representa una vulnerabilidad estructural que debe atenderse mediante estrategias de diversificación de proveedores. En general, el país muestra condiciones institucionales y operativas alineadas con los principios de resiliencia “Triple-A” promovidos por la OCDE, y tiene margen para consolidar su liderazgo regional como socio confiable en un entorno comercial global cada vez más desafiante.
Finalmente, el informe invita a superar las soluciones simplistas o unilaterales. La verdadera resiliencia, sostiene la OCDE, no reside en aislarse, sino en construir una arquitectura institucional y económica que permita navegar con eficacia la incertidumbre. Esto implica reconocer los inevitables trade-offs entre eficiencia, sostenibilidad y seguridad económica, y diseñar marcos normativos que, en lugar de sacrificar uno de estos pilares, busquen maximizar las sinergias entre ellos.
Leave a Comment